JUICIO POR EL ATUEL: el pueblo ranquel también será amigo del tribunal
El pueblo ranquel también se presentó como amigo del tribunal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de dar su opinión en el juicio por el robo del río Atuel.
El pueblo ranquel pretende dar su opinión en la audiencia de conciliación, que se hará el 14 de junio, en la CSJN. Si no hay acuerdo entre las partes, se iniciará propiamente el juicio.
Hoy la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, en compañía del director de Promoción Social, Javier Weiz, se reunió con el gobernador del pueblo Ranquel, Carlos Campu, y con el presidente del Consejo de Lonkos, Pedro Coria.
Los pueblos originarios serán representados por Pedro Coria, Carlos Martínez, María Inés Canhue y el Lonko Che, Carlos Campu.
El "amicus curiae" o "amigos del tribunal" se refiere a las presentaciones realizadas por terceros ajenos a una causa, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Hay otras instituciones de La Pampa que también se presentaron como amigos del tribunal: los pueblos de Santa Isabel, Puelches y Santa Isabel, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos.
Los desvíos y cortes del río Atuel –que tenía tres brazos con los que ingresaba al oeste pampeano- se iniciaron en Mendoza a fines del siglo XIX. En 1917, se produjeron nuevos desvíos y cortes. Ya en la década de 1930 hubo nuevos desvíos para atender las prósperas colonias mendocinas de tierras bajo riego, con lo que desapareció el brazo llamado Butaló, que penetraba más de 150 kilómetros en La Pampa. Finalmente, en 1948, con la habilitación del dique El Nihuil –construído por la Nación—se cortó el último de los brazos del río, llamado Arroyo de la Barda, desertificando el sur mendocino y el centro norte pampeano en una superficie del orden de los 5.000 km2.
El río seco trajo aparejado en La Pampa fortísimos impactos ecológicos y humanos. Los ricos humedales desaparecieron y la zona se desertificó.
Los rodeos ovinos y bovinos, criados en las márgenes del río, ya no fueron sustentables por la disminución de su producción. Con el fin del sistema productivo, se produjo el masivo éxodo de la población a centros urbanos, conocida como la "diáspora saladina y atuelina".
En la audiencia declararía también el policía retirado Angel Garay, quien en 1947 saltó toda la jerarquía y envió un telegrama al entonces presidente Juan Domingo Perón, en el que alertaba del drama por el corte del Atuel: se estaban muriendo animales y personas.
La respuesta, en enero de 1949, fue la resolución 50/49 de la Empresa de Agua y Energía Eléctrica, que dispuso "la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas". Pero nunca se cumplió.
En 1979, con una copia de aquel radiograma histórico, La Pampa inició sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia. El tribunal falló en 1987 y consagró la "interprovincialización" del río y llamó a las partes a acordar un uso compartido.
En 2014 –luego de algunos intentos de acordar, como el Protocolo de Entendimiento Interprovincial (PEI) firmado en 1989, el Tratado del Atuel, de 1992, y el Convenio del Atuel de 2008- el Estado pampeano inició una nueva demanda ante la Corte. Unos cuatro años antes, en forma particular, Miguel Palazzani también ya había demandado a Mendoza.
En el planteo del Estado pampeano se incorporaron novedosos elementos de carácter internacional en materia de recuperación y restablecimiento de ecosistemas y humedales. Además, reclamó una indemnización y la creación de un comité de cuenca.
En julio de 2016, dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas a lo largo de décadas, informó Diario Textual.
Hoy la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, en compañía del director de Promoción Social, Javier Weiz, se reunió con el gobernador del pueblo Ranquel, Carlos Campu, y con el presidente del Consejo de Lonkos, Pedro Coria.
Los pueblos originarios serán representados por Pedro Coria, Carlos Martínez, María Inés Canhue y el Lonko Che, Carlos Campu.
El "amicus curiae" o "amigos del tribunal" se refiere a las presentaciones realizadas por terceros ajenos a una causa, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Hay otras instituciones de La Pampa que también se presentaron como amigos del tribunal: los pueblos de Santa Isabel, Puelches y Santa Isabel, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos.
Los desvíos y cortes del río Atuel –que tenía tres brazos con los que ingresaba al oeste pampeano- se iniciaron en Mendoza a fines del siglo XIX. En 1917, se produjeron nuevos desvíos y cortes. Ya en la década de 1930 hubo nuevos desvíos para atender las prósperas colonias mendocinas de tierras bajo riego, con lo que desapareció el brazo llamado Butaló, que penetraba más de 150 kilómetros en La Pampa. Finalmente, en 1948, con la habilitación del dique El Nihuil –construído por la Nación—se cortó el último de los brazos del río, llamado Arroyo de la Barda, desertificando el sur mendocino y el centro norte pampeano en una superficie del orden de los 5.000 km2.
El río seco trajo aparejado en La Pampa fortísimos impactos ecológicos y humanos. Los ricos humedales desaparecieron y la zona se desertificó.
Los rodeos ovinos y bovinos, criados en las márgenes del río, ya no fueron sustentables por la disminución de su producción. Con el fin del sistema productivo, se produjo el masivo éxodo de la población a centros urbanos, conocida como la "diáspora saladina y atuelina".
En la audiencia declararía también el policía retirado Angel Garay, quien en 1947 saltó toda la jerarquía y envió un telegrama al entonces presidente Juan Domingo Perón, en el que alertaba del drama por el corte del Atuel: se estaban muriendo animales y personas.
La respuesta, en enero de 1949, fue la resolución 50/49 de la Empresa de Agua y Energía Eléctrica, que dispuso "la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas". Pero nunca se cumplió.
En 1979, con una copia de aquel radiograma histórico, La Pampa inició sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia. El tribunal falló en 1987 y consagró la "interprovincialización" del río y llamó a las partes a acordar un uso compartido.
En 2014 –luego de algunos intentos de acordar, como el Protocolo de Entendimiento Interprovincial (PEI) firmado en 1989, el Tratado del Atuel, de 1992, y el Convenio del Atuel de 2008- el Estado pampeano inició una nueva demanda ante la Corte. Unos cuatro años antes, en forma particular, Miguel Palazzani también ya había demandado a Mendoza.
En el planteo del Estado pampeano se incorporaron novedosos elementos de carácter internacional en materia de recuperación y restablecimiento de ecosistemas y humedales. Además, reclamó una indemnización y la creación de un comité de cuenca.
En julio de 2016, dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas a lo largo de décadas, informó Diario Textual.
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