Chaco: cinco efectivos de la Policía detenidos por la muerte a balazos de un joven Qom

El hecho ocurrió en la localidad de General San Martín. La víctima tenía 23 años. Las protestas tras el incidente ya acumulan más de 17 heridos.
domingo, 13 de junio de 2021 · 11:07

Un joven de la comunidad Qom fue baleado en un enfrentamiento con la policía provincial de Chaco, en un posible caso de gatillo fácil. La víctima, de 23 años, fue identificada como Josué Florentín Lago.

El hecho ocurrió este viernes, en el barrio Los Silos de la localidad de General San Martín. Concluyó con la detención y exoneración de efectivos policiales, más de 17 heridos y una comisaría incendiada.

Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, informó que fueron separados y detenidos cinco agentes policiales y que también se apartó del cargo al Director de Zona y Supervisores de la Dirección Regional. A su vez, el Estado se constituyó como querellante particular de la causa y se designó la supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.

“No puede ni debe haber en nuestras fuerzas de seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano”, remarcó el gobernador en su mensaje.

“Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la policía de la provincia un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser riguroso”, señaló el mandatario a través de un mensaje difundido por la Gobernación de Chaco.

“Una vida no puede recuperarse pero la justicia debe reparar este acto siniestro”, expresó Capitanich. “La diferencia entre un policía y cualquier otro agente no es solo la portación de un arma, sino contar con conocimientos y entrenamientos especiales para intervenir y manejar estas situaciones”, por lo que “se espera su accionar siempre sea superior al accionar de un ciudadano común”.

LOS HECHOS

Todo comenzó tras un llamado al 911 por “un conflicto vecinal” durante la mañana del viernes, según informó a la prensa el comisario General Ariel Acuña. A raíz de la llamada, dos patrulleros se digirieron al lugar.

Acorde al jefe de policía, la presencia de los agentes no calmó la situación sino que, por el contrario, alteró los ánimos. Según se informó, en un momento dado comenzaron los disturbios y en medio del descontrol, uno de los disparos impactó en el cuerpo de Lago, que falleció en plena calle.

El caso es investigado por la fiscalía especializada en Derechos Humanos de Roque Sáenz Peña. Se esperan los resultados de la autopsia, que determinará si la bala salió de un arma reglamentaria de algún efectivo policial o de un manifestante.

Tras el incidente, un grupo de vecinos fue hasta la comisaría, arrojó piedras y prendió fuego el interior del edificio. Algunos manifestantes también aprovecharon la ocasión para saquear el lugar.

Al menos 17 policías resultaron heridos producto del ataque. En tanto, los presos que se encontraban dentro tuvieron que ser liberados. A la par de estas protestas, otro grupo de manifestantes también se reunió sobre la Ruta 96 para reclamar justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos informó que se reunió con familiares de la víctima y testigos del hecho.

“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia.

La funcionaria agregó que solicitaron que se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota. Este, es una herramienta elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes “potencialmente ilícitas”. Es aplicable en los casos en que: una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.

“Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos César Hidalgo para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares’', amplió Pérez.

REPUDIO

Diferentes organismos repudiaron el violento actuar de la Policía y se manifestaron para reclamar justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que “este hecho es parte de la persistente represión policial a las protestas de las comunidades indígenas y campesinas. Los problemas históricos de estas comunidades se están agravando aún más en pandemia, en particular en el noroeste y el noreste del país”.

El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA) se rigió contra el presidente Alberto Fernández, tras su declaración a principio de junio respecto a otro caso de violencia

Desde Amnistía Internacional Argentina, aseguraron que “esta situación se suma a la violencia y abuso policial contra cuatro jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, en mayo del año pasado. Las autoridades provinciales deben adoptar medidas para prevenir actuaciones abusivas por parte de las fuerzas policiales y garantizar que no vuelvan a repetirse”. También pidieron una investigación “independiente, imparcial y efectiva”.

Mediante un comunicado de prensa, el Comité de Prevención de Tortura expresó: “La Violencia Institucional hacia los Pueblos Indígenas no resultan hechos aislados en nuestra provincia, por lo que reiteradamente este Comité viene bregando por una discusión seria en el tema para prevenir y evitar se reiteren estas situaciones”.

A su vez, la procuradora indígena Eliana González recordó, en diálogo con ANRED, a Josué: “Era un chico que vivía con el padre. Era bueno. En el barrio todos lo conocían. La comunidad salió a la calle a pedir justicia contra el abuso policial que acá es de todos los días”.

F: La Voz 

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