Interpol publicó la alerta roja para detener a “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri

La organización policial le comunicó la situación a la jueza María Servini. El integrante de la mesa judicial de Cambiemos está en Uruguay, donde pidió el asilo político

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón es oficialmente buscado por la Organización Internacional de Policía Criminial (Interpol). Así lo hizo saber Interpol, que le comunicó a la jueza federal María Servini que había publicado la notificación roja de búsqueda del ex operador judicial del macrismo quien pidió refugio político en Uruguay.

En la página web de Interpol se explica que “Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

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El viernes pasado la Justicia uruguaya había suspendido el trámite para definir la extradición del diputado del Parlasur y ex asesor de Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político. Esa decisión fue tomada por la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo. En la misma resolución determinó que Rodríguez Simón debe “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” mientras que se dispuso el cierre de fronteras para él “con carácter de urgente”.

La defensa de Rodríguez Simón aportó al expediente radicado en la Justicia uruguaya “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según explicaron fuentes cercanas al caso, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.

El CORE es un organismo de siete miembros, encabezado por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese organismo deberá experdirse dentro los 90 días sobre si es pertinente otorgar el refugio. Durante esos tres meses el ex funcionario no puede ser extraditado.

La jueza Servini pidió la captura de Rodríguez Simón en una causa iniciada por el empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Juntos por el Cambio y además encarcelarlos. Servini había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para interrogarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio en los que actuó como operador judicial del macrismo.

Desde su exilio uruguayo “Pepín” hizo declaraciones a varios medios en las que aseguró que López, dueño de C5N, en conjunto con Servini y con aval del Gobierno, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso. “Alberto Fernández estaba en la nómina de Indalo [el grupo empresario de López] hasta antes de ser presidente”, dijo con la intención de defenderse y de explicar por qué se fue del país.

En mayo pasado Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón. En la misma resolución se ordenó además un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.

“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en aquella resolución. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.

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