La Salada vuelve a abrir y los puesteros deberán cobrar únicamente a través de medios bancarizados: ¿se despide el uso de efectivo?

La Justicia dictaminó la reapertura de La Salada, considerada la feria más extensa de Sudamérica, situada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Su figura más reconocida, Jorge Castillo, permanece detenido y enfrenta acusaciones por lavado de activos, asociación ilícita y evasión impositiva, junto a otros implicados.

Este predio comercial fue incluido en un informe elaborado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que lo posiciona entre los principales focos globales de falsificación y piratería. En el documento, se señala que en los últimos años se multiplicaron los viajes organizados desde Brasil y Uruguay con el fin de comprar productos en el lugar.

El funcionamiento de la feria ha afectado la percepción internacional sobre la Argentina, asociándola a la falta de cumplimiento en materia de propiedad intelectual, una imagen que la gestión de Javier Milei intenta revertir.

A su vez, las autoridades remarcan que La Salada era un centro neurálgico de evasión tributaria, complicando los esfuerzos oficiales por mantener el equilibrio fiscal.

Desde la Unión Europea se la describió como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada".

Se calcula que en este enorme conglomerado de ventas operaban alrededor de 48 mil comerciantes, distribuidos en tres grandes complejos.

Para poder reanudar su actividad, la feria —creada en 1992 por migrantes bolivianos y que experimentó un notable crecimiento en las últimas décadas— deberá ajustarse a exigencias precisas.

Según lo dispuesto por el magistrado Luis Armella, los vendedores que quieran instalarse en alguna de las veinte hectáreas de los sectores Urkupiña, Ocean y Punta Mogote tendrán que acatar una serie de condiciones, y se exigirá la presencia de supervisores judiciales, municipales y de ARCA.

En el marco del expediente, la fiscal federal Cecilia Incardona imputó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (actualmente prófugo), por haber obtenido "ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios".

Incardona subrayó que "el abultado patrimonio y nivel socioeconómico de los acusados eran evidencia de esto".

Durante la investigación, la Justicia incautó 26 automóviles, dos embarcaciones y 13 inmuebles pertenecientes a los investigados.

La futura administración del predio —aún sin definir— deberá asegurarse de que cada puesto y arrendatario esté debidamente registrado y que los pagos se efectúen únicamente a través de sistemas bancarios.

El Sindicato de Trabajadores de Ferias había solicitado el fin de la clausura para poder garantizar “condiciones de trabajo dignas”.

Según el gremio, el ecosistema laboral que generan estas ferias involucra a unas 150 mil personas, incluyendo a vendedores, trabajadores de alimentos, transportistas y carreros.