LOVERA SOBRE LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

El cierre de fronteras y las restricciones de movilidad que ha generado la pandemia de COVID-19 ha paralizado la actividad turística. Esto impacta negativamente a todos los sectores vinculados: hotelería, transporte, gastronomía y agencias de viajes, entre otros. Muchas regiones, comunas y municipios que dependen, en gran medida, de sus atractivos turísticos, se encuentran en estado de emergencia.  Con este proyecto avanzamos en la tarea de propiciar medidas eficaces para evitar que la economía del sector se siga deteriorando y ponga en peligro el empleo que genera. Este proyecto busca, además de sostener, recuperar la actividad turística nacional, evitando la pérdida de puestos de trabajo y fomentando la inversión en el turismo, con la consecuente posibilidad de incrementar el empleo.
La posibilidad de trabajar con una mirada federal ha permitida que La Pampa cuente con la protección necesaria, atendiendo a que, aunque el turismo no sea la actividad productiva principal, tiene muchas PyMEs y muchas familias que dependen de los rubros vinculados.
Esta ley contempla medidas impositivas y normativa que alientan beneficios, considerando también, y especialmente, el turismo para adultos mayores y para estudiantes como promotores centrales de la actividad.
Las medidas de protección y promoción que se sancionaron serán clave para sostener el grado de empleabilidad que el sector del turismo genera. Y aquí tiene relevancia el artículo 32 que establece la convocatoria., por parte del Poder Ejecutivo, a entidades gremiales y empresariales a fin de instrumentar medidas para sostener las plantillas de empleo.
El diálogo entre distintos sectores es el gran medio democrático para generar consensos y alcanzar soluciones que permitan recuperar y sostener estas actividades.

Lovera sobre acuerdo Regional de Asuntos Ambientales 

Hoy se votó, favorablemente, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Es el único tratado vinculante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y su singularidad radica en ser también el único que contiene disposiciones específicas sobre la defensa de los derechos humanos en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú representa una enorme herramienta para la persecución de soluciones centradas en la ciudadanía y fundamentadas en la naturaleza.
Su aprobación permitirá garantizar el derecho de argentinas y argentinos a la información ambiental, entendiendo que su participación en la toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida tiene un carácter fundamental en el sistema democrático. Su inclusión en el diseño e implementación de políticas públicas permitirá alcanzar una mayor transparencia y control ciudadano en el manejo de nuestros recursos naturales. 
Nuestra Constitución lo dice en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Es muy importante recordar esto porque en provincias como La Pampa, la población sufre los daños ambientales generados por una mala planificación y el uso indiscriminado de los recursos naturales en zonas que se encuentran fuera del alcance de la jurisdicción provincial. La explotación irresponsable e insostenible del río Atuel por parte de Mendoza ha impactado de forma tremendamente negativa en el desarrollo de nuestro oeste pampeano. Este y otros conflictos similares son bien conocidos y llevan muchísimos años sin solución aparente, mientras el territorio y sus habitantes sufren daños que serán difíciles de reparar. El Acuerdo que hoy votamos fortalecerá los reclamos de justicia ambiental y nos dará la posibilidad de tomar nuevas medidas que permitan el acceso a la participación y el control ciudadano de las poblaciones afectadas.
La reactivación de modelos de gestión interjurisdiccional por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible constituye un ejemplo de las posibles acciones que se pueden tomar frente a este tipo de dificultades, que alarman a la población y constituyen un riesgo ambiental que es totalmente evitable. Necesitamos un enfoque integral, que contemple a todos los actores involucrados y permita un desarrollo equitativo y equilibrado.
El Acuerdo de Escazú busca avanzar en la resolución de estos problemas mediante la inclusión de la población en la toma de decisiones, dando cumplimiento al décimo principio sobre Democracia Ambiental contenido en la Declaración de Río, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se efectuó en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Este establece que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
Este acuerdo se vuelve sumamente importante para la inclusión de las poblaciones afectadas en aquellas acciones que tengan un impacto ambiental.  Argentina se va a convertir en el décimo país ratificante del tratado, restará solo una firma para su entrada en vigor. Es en esta inteligencia que, desde mi lugar como legislador, solicito encarecidamente a nuestra cancillería la comunicación con aquellos países hermanos de la región que aún no han ratificado el acuerdo.
Necesitamos generar respuestas institucionales sólidas, pensadas a partir de la construcción del consenso, desde el federalismo y la pluralidad, para lograr un desarrollo sostenible. Este acuerdo nos brinda nuevas herramientas que mejorarán la aplicación de nuestras normas medioambientales, así como los diferentes procesos administrativos y judiciales vinculados a estos derechos. A partir de allí es que podremos luchar contra la desigualdad y la discriminación, garantizando el derecho de todas las personas a un ambiente sano, especialmente a aquellos grupos y zonas de nuestro país en situación de vulnerabilidad.