JUEGO CLANDESTINO: Multas para 14 vecinos de General Pico

Los imputados son José N. Torres, Angela R. Luján, Edgard D, Huarte, Alfredo R. Guidi, Ernesto L. Miranda, Esther B. Casabonne, Abel E. Mendoza, Osvaldo Curbelo, Miguel A. Luján, Norberto Sepúlveda, Alexis A. Carmona, Juan P. Hollman, Ariel S. Tolosa y  Maximiliano O. Rivera.  

El juez de faltas de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, condenó esta semana a 14 personas por considerarlas autores materialmente responsables de la infracción a los arts. 6° de la ley 2974 – Ley de Juego;  a tres días de multa -equivalentes a 1266 pesos cada uno-  y decomisó todos los bienes expuestos al juego que ascendieron a un total de 33.171 pesos.

La sentencia fue dictada a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal de faltas  Oscar Blanco y la defensora oficial de todos  los imputados María José Gianinetto. Para llevar adelante el  procedimiento abreviado, los 14 imputados reconocieron el hecho ilícito.

Los hechos ocurrieron el día 8 de febrero del corriente año, cuando  el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo dos procedimientos policiales por juego clandestino y allanó dos domicilios de nuestra ciudad, encontrando a los imputados participando en juegos de azar/apuestas mutuas.

El fiscal Blanco acusó a los jugadores de “haber participado en juegos de azar/apuestas mutuas prohibidas, por procedimientos manuales/mecánicos, informáticos y por internet y estando en juego premios en dinero y/o créditos virtuales convertibles en dinero”.

En su sentencia el juez  citó el código contravencional y de procedimiento- Ley 12  C.A.B.A.  que establece que “el juego ilícito o no autorizado representa un menoscabo económico palpable mediante el desvío o no satisfacción de tributos locales derivados de la explotación del juego; el peligro real de la comisión de delitos patrimoniales contra los apostadores fruto de la incapacidad económica de los organizadores del juego clandestino al tener que afrontar el pago de premios; sumado, por último, al acto de desobediencia administrativo que significa la organización y explotación de juego de azar no autorizados por la autoridad pública competente. En síntesis, las infracciones bajo examen constituyen auténticas contravenciones tributarias, ya que ellas lesionan el patrimonio público del Estado local”.

El magistrado agregó que “dicha actividad implica necesariamente un desvío de ingresos al Estado, asignándole al dinero decomisado en todos los casos como destino la asistencia del menor, imputándose el monto de la misma al organismo que determine el Poder Ejecutivo”.

De ésta manera, el dinero secuestrado y que se decomisó - que asciende a 33.171 pesos- y la suma de las multas de cada uno de los imputados; serán depositados en una cuenta provincial destinada a la protección y asistencia del menor.

Por último, el juez Boga Doyhenard, ordenó fijar nuevas audiencias para el día 1 de octubre próximo, en las que deberán comparecer otros 9 ciudadanos, bajo apercibimiento de traslado por la fuerza pública en caso de incomparendo injustificado,  para ser juzgados por la misma causa.

Foto: Ilustrativa