LA PAMPA: De candidata a senadora pasó a ser condenada por estafas con 13 terrenos

El juez de audiencia subrogante Carlos Matías Chapalcaz condenó hoy a Maribel Liliana Gómez, expresidenta del Frente Para la Victoria en La Pampa y excandidata a senadora nacional, a tres años de prisión en suspenso -es decir, que no irá a la cárcel- por haber estafado con la venta de trece terrenos en Toay.

Gímez fue encontrada “autora material y penalmente responsable del delito de estafa, que concurre de manera real en 13 oportunidades”.

La militante kirchnerista había sido candidata a intendenta en Toay en 2007. En 2009 fue candidata a senadora y quedó involucrada en otro escándalo luego de que aparecieran como rebotados unos 90 cheques de su partido, FpV, por un valor de 203.931 pesos.

Ahora, por la causa de los terrenos, el conflicto penal se resolvió a través de un juicio abreviado convenido entre el fiscal Oscar Alfredo Cazenave, el defensor particular Gastón Gómez y la propia imputada, una profesora de nivel inicial de 44 años que admitió su culpabilidad. Anteriormente las partes habían presentado otros dos esquemas de abreviado que fueron rechazados.

Además se convino que Gómez deberá cumplir las siguientes reglas de conducta por tres años, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la sanción: fijar domicilio, del que no podrán ausentarse sin consentimiento judicial; someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal; abstenerse de usar estupefacientes; no abusar de bebidas alcohólicas; cumplir con un tratamiento psicológico; y realizar trabajos no remunerados en el merendero de Villa Germinal, adonde donde deberá concurrir dos horas cada 15 días a prestar servicios.

“Más allá del reconocimiento realizado por la imputada, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, considero que los hechos se encuentran debidamente probados –dijo Chapalcaz–. Ello en virtud de la basta documental agregada al expediente, la descripción de los hechos efectuada por los testigos, los resultados de los allanamientos, los informes de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Dirección General de Catastro, del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio; de la Asociación Pampeana de Mandatarios; de la Administración Federal de Ingresos Públicos; de la Municipalidad de Toay; del Banco Central de la República Argentina y de distintas entidades bancarias; y de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios; el resultado de la apertura de las computadoras de los imputados y la transcripción de las escuchas telefónicas efectuadas, que también se han incorporado al marco probatorio”.

Entre las declaraciones testimoniales figuran las de cuatro escribanos y la de los verdaderos propietarios de los terrenos que Gómez vendió. “Asimismo, es dable valorar las constancias logradas de la apertura de la computadora que la imputada tenía en su domicilio, y que permitieron acreditar que quienes cedían los derechos respecto de los inmuebles nunca los habían adquirido; es más, siquiera los habían tenido como poseedores”, acotó el magistrado.

Chapalcaz dio por probado que Gómez “ofrecía terrenos en venta en Toay, de los que no tenía la propiedad o derecho alguno, actuando en algunas de las operaciones de manera directa o bien como gestora de la operación de compraventa en representación” de cuatro personas. “Estas operaciones siempre se perfeccionaron mediante una entrega de dinero o un vehículo y su saldo en cuotas fijas que se documentaban en pagarés”, acotó.

En algunos casos los vehículos fueron transferidos a nombre de sus hermanos Aníbal Fabián Gómez y Sergio Gustavo Gómez y de su pareja, Pablo Jorge Montane, mientras que los pagarés quedaban en poder de Eduardo José Gómez, padre de Maribel Gómez, siempre según la condena. Ellos cuatro obtuvieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation).

“También tengo por probado, que si bien Gómez ofrecía a la venta terrenos, al efectuar la operación les entregaba un boleto de cesión de derechos y acciones y no uno de compraventa –señaló el juez–. A fin de dar más seriedad a la maniobra pergeñada, se convocaba a las víctimas a un estudio jurídico, donde se charlaba o gestaba el negocio y en distintas escribanías, para certificar firmas de la operación. Todas estas maniobras ardidosas generaron perjuicios económicos a las víctimas que configuran el delito penal en examen”.